Transmisión en Vivo


 

El pasado lunes 6 de septiembre asistimos a uno de los espectáculos actuales más vergonzosos de la política nacional guatemalteca: la sesión del Congreso de la República en la que no se aprobó el Decreto Gubernativo del Estado de Calamidad impuesto por el Organismo Ejecutivo. Gracias a la transmisión en vivo del Diputado por el Distrito Central del Movimiento Político Winaq, Aldo Dávila, se tuvo acceso a lo que sucedía en el hemiciclo. Hubo un momento en el que los espectadores superaron los 250 mil. De esa noche pueden sacarse miles de conclusiones que van desde las puramente jurídicas y políticas, hasta los análisis profundos sobre el impacto de las redes sociales y la comunicación en el ejercicio de la ciudadanía y el interés de las personas por lo que hacen los políticos. El espacio de esta entrada se queda corto para esbozarlas, sin embargo a manera de resumen rescato algunas ideas que considero importantes de abordar y que los expertos de cada área analizarán con mayor profundidad y certeza:

1. A pesar de que existe un canal oficial del Congreso para la transmisión de las sesiones, no tiene la suficiente penetración porque el hecho de que cierren el audio y no enfoquen lo que está sucediendo puede interpretarse como un valladar al libre acceso a la información de la población. En ese sentido, el tener la alternativa de visualizar las mismas sesiones desde el interior mismo del Congreso permite un ejercicio democrático en el que los ciudadanos ven sin filtros ni artificios, las discusiones y situaciones que tarde o temprano le afectarán.

2. A pesar de que varios representantes y analistas han expresado que el Congreso no puede convertirse en un show a través de estas transmisiones, no ofrecen alternativas para mantener debidamente informada a la población sin la existencia de filtros. Además de eso, las situaciones que pudieron percibirse en la sesión del lunes 6 de septiembre son en sí un lamentable espectáculo, que por mucho que se quiera maquillar o esconder, está pasando (y ha pasado). Y la población tiene el derecho y la obligación, de estar informada.

3. Además de los antecedentes y normativas propias del régimen interior del Congreso, se hace indispensable normar de manera coercitiva (y esta opción no es la más aconsejable pero la práctica en Guatemala así lo requiere), de dejar claras las reglas de las sesiones en detalles que si estuvieran bien definidos no darían pie a situaciones como las vividas en las últimas 4 legislaturas de manera recurrente y descarada. Me refiero específicamente a iniciar las sesiones en la hora programada y no varias horas después de la convocatoria, porque la pérdida de tiempo también representa un costo alto para los contribuyentes. También es indispensable que se norme el tiempo mínimo y el máximo para mantener abierta una votación.

4. La mayoría de los diputados en sus intervenciones llaman a “consensos”, “diálogo” y otro sin fin de conceptos muy bonitos para el discurso, pero nada consistentes para el hemiciclo. Esta afirmación surge porque en la mayoría de las intervenciones de los representantes, se muestra cómo el resto no escucha. La conclusión entonces es: cómo pueden llegar a consensos si ni siquiera son capaces de escucharse entre ellos. Las negociaciones que hacen por teléfono, a puerta cerrada o lejos del escrutinio público no son consensos.

5. La Junta Directiva de la anterior legislatura y la actual han acatado las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que les place y otras no. Esa práctica aberrante no solo desmorona la poca institucionalidad sino que sienta un precedente en el que las sentencias son desacatadas sin ninguna sanción.

Hay muchos otros asuntos qué desprender de la sesión del lunes pasado. Sin embargo nos quedamos con una afirmación del diputado Dávila: son 13 millones de jefes los del Congreso, y esos jefes tenemos el derecho (y la obligación) de conocer lo que sucede dentro del Hemiciclo Parlamentario.

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