Transmisión en Vivo
El pasado lunes 6 de septiembre
asistimos a uno de los espectáculos actuales más vergonzosos de la política
nacional guatemalteca: la sesión del Congreso de la República en la que no se
aprobó el Decreto Gubernativo del Estado de Calamidad impuesto por el Organismo
Ejecutivo. Gracias a la transmisión en vivo del Diputado por el Distrito
Central del Movimiento Político Winaq, Aldo Dávila, se tuvo acceso a lo que
sucedía en el hemiciclo. Hubo un momento en el que los espectadores superaron
los 250 mil. De esa noche pueden sacarse miles de conclusiones que van desde las
puramente jurídicas y políticas, hasta los análisis profundos sobre el impacto
de las redes sociales y la comunicación en el ejercicio de la ciudadanía y el
interés de las personas por lo que hacen los políticos. El espacio de esta
entrada se queda corto para esbozarlas, sin embargo a manera de resumen rescato
algunas ideas que considero importantes de abordar y que los expertos de cada
área analizarán con mayor profundidad y certeza:
1. A pesar de que existe un canal
oficial del Congreso para la transmisión de las sesiones, no tiene la
suficiente penetración porque el hecho de que cierren el audio y no enfoquen lo
que está sucediendo puede interpretarse como un valladar al libre acceso a la
información de la población. En ese sentido, el tener la alternativa de
visualizar las mismas sesiones desde el interior mismo del Congreso permite un
ejercicio democrático en el que los ciudadanos ven sin filtros ni artificios,
las discusiones y situaciones que tarde o temprano le afectarán.
2. A pesar de que varios
representantes y analistas han expresado que el Congreso no puede convertirse
en un show a través de estas transmisiones, no ofrecen alternativas para
mantener debidamente informada a la población sin la existencia de filtros.
Además de eso, las situaciones que pudieron percibirse en la sesión del lunes 6
de septiembre son en sí un lamentable espectáculo, que por mucho que se quiera
maquillar o esconder, está pasando (y ha pasado). Y la población tiene el
derecho y la obligación, de estar informada.
3. Además de los antecedentes y
normativas propias del régimen interior del Congreso, se hace indispensable
normar de manera coercitiva (y esta opción no es la más aconsejable pero la
práctica en Guatemala así lo requiere), de dejar claras las reglas de las
sesiones en detalles que si estuvieran bien definidos no darían pie a
situaciones como las vividas en las últimas 4 legislaturas de manera recurrente
y descarada. Me refiero específicamente a iniciar las sesiones en la hora
programada y no varias horas después de la convocatoria, porque la pérdida de
tiempo también representa un costo alto para los contribuyentes. También es
indispensable que se norme el tiempo mínimo y el máximo para mantener abierta una
votación.
4. La mayoría de los diputados en
sus intervenciones llaman a “consensos”, “diálogo” y otro sin fin de conceptos
muy bonitos para el discurso, pero nada consistentes para el hemiciclo. Esta
afirmación surge porque en la mayoría de las intervenciones de los
representantes, se muestra cómo el resto no escucha. La conclusión entonces es:
cómo pueden llegar a consensos si ni siquiera son capaces de escucharse entre
ellos. Las negociaciones que hacen por teléfono, a puerta cerrada o lejos del
escrutinio público no son consensos.
5. La Junta Directiva de la
anterior legislatura y la actual han acatado las resoluciones de la Corte de
Constitucionalidad que les place y otras no. Esa práctica aberrante no solo
desmorona la poca institucionalidad sino que sienta un precedente en el que las
sentencias son desacatadas sin ninguna sanción.
Hay muchos otros asuntos qué
desprender de la sesión del lunes pasado. Sin embargo nos quedamos con una
afirmación del diputado Dávila: son 13 millones de jefes los del Congreso, y
esos jefes tenemos el derecho (y la obligación) de conocer lo que sucede
dentro del Hemiciclo Parlamentario.
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